Luego del sacudón interno generado por los ajustes introducidos sin consenso previo en la pauta de gastos enviada al Congreso, el oficialismo busca encauzar el diálogo con los bloques aliados y los gobernadores del Norte Grande. Ante ese escenario, el Gobernador de Corrientes exige obras y garantías previsibles.
La presentación formal del proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2027 en la Cámara de Diputados desencadenó una tormenta política en el seno del Gobierno nacional y reconfiguró de inmediato el escenario de negociación con los distritos subnacionales. La inclusión de un articulado que preveía severos recortes en las prestaciones por discapacidad y la modificación unilateral del acceso a las Pensiones No Contributivas generó un fuerte rechazo opositor, reclamos airados dentro de la propia tropa libertaria y la imperiosa necesidad del Poder Ejecutivo de renegociar las condiciones del texto para evitar un fracaso parlamentario de proporciones.
El temblor institucional había tenido su epicentro en la madrugada del miércoles, cuando las bancadas opositoras y aliadas detectaron modificaciones de fondo que no habían formado parte de las tratativas previas impulsadas por la Casa Rosada. La falta de coordinación técnica y política tomó por sorpresa incluso al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y a la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; quienes integran la mesa de conducción del oficialismo. Cerca del titular de la Cámara baja buscaron moderar el impacto al sostener que el texto demandó cuatro meses de elaboración y quedó desfasado de los acuerdos políticos en curso. En contraste, Bullrich apuntó directamente contra la conducción del Ministerio de Economía al exigir que «no la tomen de tonta», al tiempo que exigió que las medidas de alta sensibilidad social sean tratadas con antelación en el ámbito reservado de la conducción libertaria.
Puntos controversiales
La controversia escaló al constatarse que la iniciativa original sustituía el enfoque de derechos consagrado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por el antiguo criterio de «invalidez laboral», eliminando al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al haber previsional.
Asimismo, el texto disponía la incompatibilidad absoluta entre la pensión y cualquier empleo formal registrado, al tiempo que desarticulaba el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas para delegar la fijación de valores en provincias, prepagas y obras sociales.
Ante el riesgo inminente de un revés en el recinto de la Cámara baja, las espadas legislativas de LLA reabrieron los canales de diálogo con los bloques del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y las bancadas provinciales.
En ese contexto, se estima que el capítulo de la polémica será descartado en la comisión dictaminadora e integrado a una propuesta de consenso. El borrador que redacta el oficialismo reincorporará la compatibilidad de la pensión con el trabajo registrado, mantendrá el carácter universal del nomenclador de prestaciones con actualización bimestral por Índice de Precios al Consumidor y fijará mayores exigencias técnicas para el acceso a los beneficios sociales.
Las gestiones de Juan Pablo
Paralelamente a las urgencias parlamentarias en el Congreso, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezó días atrás una ronda de encuentros con gobernadores en la Casa Rosada, con el objetivo de construir la mayoría necesaria que asegure la aprobación de la pauta de gastos y la agenda de reformas institucionales. Entre los convocados a la sede de Gobierno estuvo el correntino Juan Pablo Valdés, quien acudió a Balcarce 50 junto a los representantes de Catamarca, Salta y Tucumán.
La presencia de Juan Pablo en la mesa de negociaciones reviste un valor estratégico singular dentro del bloque de gobernadores del Norte Grande. El radical acudió al despacho del Ministro coordinador con una postura firme respecto de los compromisos asumidos previamente por la administración central.
En las jornadas previas, Valdés reclamó públicamente por el cumplimiento de las compensaciones adeudadas y por la asignación efectiva de partidas para obras públicas esenciales paralizadas en el territorio provincial.
Durante el encuentro en la Casa Rosada, los líderes provinciales centraron sus planteos en la necesidad de incluir garantías presupuestarias concretas para la infraestructura vial nacional y en la implementación de la denominada ley de Zonas Cálidas, una herramienta orientada a subsidiar la tarifa de energía eléctrica en las jurisdicciones norteñas durante los meses estivales, en compensación por los beneficios otorgados a las regiones del Sur mediante el régimen de Zonas Frías.
Al término de la reunión, Juan Pablo ratificó el contenido de las tratativas: «Dialogamos sobre proyectos estratégicos y gestiones conjuntas entre la Nación y las provincias, con el objetivo de impulsar el desarrollo de toda la región», expresó a través de sus redes.
CON CAUTELA, PERO CON FIRMEZA
La estrategia trazada por el titular del Ejecutivo provincial correntino marca un matiz diferenciador en la dinámica política regional. A diferencia de esquemas de alineamiento irrestricto, Valdés reclama, gestiona y supedita el acompañamiento de sus representantes en el Congreso a la inclusión de previsiones financieras explícitas que atiendan los reclamos estructurales de la Provincia, en un escenario donde el Poder Ejecutivo nacional mantiene la premisa de no resignar la pauta de déficit cero.
